• Alejandra Mora

Sobre el Fobaproa, segunda parte

Cronología de los actos





En 1982, Jose Lopez Portillo como presidente a lo largo de ese año se solicitaron créditos internacionales los cuales no se pudieron solventar debido a las bajadas del precio de petróleo.

1990 bajo la argumentación del la falta de liquidez del sistema bancario el gobierno de Carlos Salinas de Gortari da vida a este fondo de contingencia para enfrentar problemas financieros extraordinarios bajo la excusa de las posibles crisis económicas que propiciaran la insolvencia de los bancos por el incumplimiento de los deudores con la banca y el retiro masivo de depósitos, el Fobaproa serviría para asumir las carteras vencidas y capitalizar a las instituciones financieras.

1991 Reprivatización de la banca para reducir los gastos de la administración e involucrar a la iniciativa privada en el proceso productivo, fueron vendidos 18 bancos.

Diciembre 1994 estalla la crisis económica con inflación, tipo de cambio sobrevaluado, déficit comercial, endeudamiento externo, reducción de las reservas internacionales y especulación desmedida en el marcado de valores desembocan en la devaluación del peso y un alza en las tasas interés.

Como consecuencia se reflejaron retiros masivos de capital por la desconfianza hacia las instituciones de crédito por lo que los bancos dieron visos de insolvencia y se temió el colapso financiero.



1995 se aplica el Fobaproa para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. Los pasivos del Fobaproa ascendieron a 552,000 millones de dólares por concepto de cartera vencida que canjeó por pagarés ante el Banco de México. Dicho monto equivale al 40% del PBI de 1997, a las dos terceras partes del Presupuesto de Egresos para 1998 y el doble de la deuda pública interna. También se crea el Programa de Capitalización Temporal (Procapte), un instrumento alternativo para sanear el sistema financiero con el acceso rápido y en mayor volumen de capital extranjero y recuperar la solvencia de los bancos.

1996 se crea Ucabe (Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial) que sirvió de aval para el rescate bancario y benefició a 54 empresas por un monto de 9,700 millones de dólares.

Marzo 1998 el Ejecutivo Federal envía al Congreso de la Unión un paquete de cuatro iniciativas para crear un marco legal que reduzca las posibilidades de una nueva crisis bancaria y propuso la creación del Fondo de Garantía de Depósito (Fogade), instancia que protegería el dinero de pequeños y medianos ahorradores e involucraría al Poder Legislativo en la tarea de supervisar los bancos.

En marzo de 1998, la administración del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León envió al Poder Legislativo un paquete de cuatro iniciativas para crear un marco legal que redujera las posibilidades de una nueva crisis bancaria, así como para crear mecanismos más eficientes de supervisión a las actividades crediticias y facilitar la capitalización de los bancos. Por tanto, con el objetivo de exigir mayor disciplina en la administración del sistema bancario, el Poder Ejecutivo propuso la creación del Fondo de Garantía de Depósito (Fogade), instancia que protegería el dinero de pequeños y medianos ahorradores e involucraría al Poder Legislativo en la tarea de supervisar los bancos.

Asimismo, propuso la instauración de la Comisión para la Recuperación de Bienes, cuya función consistiría en recuperar, administrar y enajenar bienes y derechos que el Fobaproa y el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (Fameval) adquirieran como resultado de la crisis. La propuesta que causó mayor controversia y que orilló al Congreso a ordenar una auditoría al Fobaproa fue la de convertir en deuda pública los pasivos de dichos fondos que sirvieron para asistir a los bancos, cuyo monto ascendió a 552.000 millones de pesos.

Las iniciativas fueron:

  1. Decreto que abroga la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.

  2. Decreto que reforma la Ley del Banco de México

  3. Decreto por el que se adiciona la Ley del Banco de México; se expide la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y se reforman las leyes para Regular las Agrupaciones Financieras, de Instituciones de Crédito, General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, del Mercado de Valores, y de Sociedades de Inversión.



El impacto sobre las finanzas públicas, después del Fobaproa fueron una de las consecuencias desastrosas. El impacto de los programas de "saneamiento" financiero sobre el comportamiento de las finanzas públicas.

En su discurso falaz, en el documento sobre Criterios Generales de Política Económica para 1998, en relación con el "Financiamiento de los costos fiscales de los programas de saneamiento financiero", el Ejecutivo Federal señalaba: "Dado que- la mayor parte de los costos derivados de los programas se devengarán de manera gradual en el tiempo, el gobierno no se verá obligado a hacer frente a estos compromisos de manera inmediata."

Esto fue apenas en diciembre de 1997 pero hoy urge al Congreso a aprobar

una deuda por 552 mil millones de pesos.

En el mismo documento reconoce haber utilizado para los programas a deudores el superávit fiscal de 1995 (25 mil 120 millones de pesos a precios de 1997); el remanente de operaciones del Banco de México en 1996 (24 mil 383 millones de pesos a precios de 1997); 18 mil 700 millones de pesos obtenidos de créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo; y otros 3 mil 67 millones de pesos. En total, a diciembre de 1997, el gobierno habla erogado recursos frescos por 72 mil 270 millones de pesos, o equivalente al 2.2% del PIB. A ello hay que agregar los 552 millones de pesos (febrero de 1998) que el gobierno pretende convertir hoy en deuda pública. Si se mide correctamente el déficit fiscal, definido como el cambio en la deuda pública, los muy publicitados resultados de los últimos años, se trasforman en déficits crecientes y una relación de deuda pública a PIB también creciente. De la misma manera como el gobierno ocultó a la sociedad la verdadera magnitud de la crisis en 1995 y los costos de los

programas de apoyo a la banca, ahora pretende convencer de que su

opción fue la menos costosa, lo cual es totalmente falso.



 



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